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Como Observatorio Boliviano de Derechos Humanos, a la fecha nos hemos planteado 6 ejes temáticos de investigación, los que han sido agrupados de la siguiente manera, sin que el orden denote la preeminencia de unos sobre otros: 1) Suspensión y Destitución de Autoridades Democráticamente Elegidas, 2) Persecución Judicial por Motivaciones Políticas, 3) Discriminación Política, 4) Violencia y Acoso Político Contra la Mujer en Ejercicio de Cargos Electivos, 5)Suspensión de Autoridades Judiciales por Motivaciones Política, y 6) Restricciones a la Libertad de Expresión y de Prensa. Todas, conductas y acciones que contravienen derechos consagrados por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano.

Para el primer semestre de año 2016, se han monitoreado 134 casos que evidencian violaciones y potenciales violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia, sin embargo, las estadísticas generales nos muestran una tendencia hacia la baja relación al número total de casos monitoreados durante todo el año 2015 (426 casos). Sin embargo es importante traer a colación un caso sin precedente en la historia democrática del país suscitado durante el primer semestres de 2015, se trata de un caso de discriminación política en el que miembros Unidad Demócrata (UD) en el departamento del Beni, en el marco de las elecciones subnacionales, comentaron una encuesta interna en supuesta contravención a la Ley Nº 026 del Régimen Electoral. Denuncia que fue sustanciada por el Tribunal Electoral Departamental del Beni, determinando la imposición de una multa económica de 8.588,06 Bs. UD impugnó la sanción impuesta ante el Tribunal Supremo Electoral, instancia que una semana antes de las elecciones dictó una resolución confirmando la sanción apelada, canceló la personalidad jurídica de UD y adicionalmente aplicó una sanción que inhabilito a sus 228 candidatos, en una patente vulneración de los derechos políticos, toda vez que ninguno de los candidatos cumplía con ninguna de las tres causales (previa sentencia ejecutoriada por un juez competente), de suspensión de los derechos políticos delimitados en el art. 28 de la Constitución Política del estado (CPE).

 

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Modificado por última vez en Viernes, 20 Octubre 2017 20:20