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Terrorismo Jurídico

Terrorismo Jurídico

Por: MSc. Hugo Andrés Hinojosa Peláez

Abogado

 

La función principal del gobierno en un Estado de Derecho debe ser la de garantizar a su población el cumplimiento de la Constitución Política y por consecuencia el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Para el normal desarrollo de los Estados, es necesario poder tener constituciones más rígidas capaces de garantizar la estabilidad política de los mismos durante toda su existencia. Mantener esta estabilidad no sería posible si toda la organización y estructura del Estado varíe constantemente.

No configura un Estado de Derecho aquel en el cual, el órgano judicial no sea independiente de los demás órganos del Estado, tampoco se puede concebir un Estado de Derecho aquel donde el órgano ejecutivo, legisla y juzga a la par, para satisfacer una posición personal o partidista para lograr perpetuarse en el poder.

El fallo del tribunal constitucional de Bolivia en el cual habilita al presidente Evo Morales a una nueva candidatura, podría ser considerado como el terrorismo jurídico más nefasto de la historia del país, atentando contra la voluntad popular y soberanía del Estado, ya que la población decidió mediante referéndum, que no quería una nueva candidatura del presidente Morales, esto sin tomar en cuenta que ningún tribunal debería revisar lo dispuesto por la voluntad popular en una elección democrática.

Denominar este fallo como un terrorismo jurídico no es una exageración, ya que sienta un jurisprudencia preocupante del poder que tiene cualquier ciudadano en considerar plantear me manera absurda la inconstitucionalidad de cualquier normativa legal que considere una “restricción” al ejercicio de su derechos y libertades, aunque esta pueda considerarse atentatoria del ejercicio de los derechos y libertades de las demás personas. La sola admisión de este recurso es una aberración jurídica, ya que en vez de que el tribunal constitucional tenga como deber principal la de precautelar el respeto y vigencia de los derechos y libertades constitucionales, se convierte en el principal agresor de la constitución. El respeto a la Constitución Política del Estado es un elemento fundamental para poder vivir en un Estado de Derecho. Realizar reformas o enmiendas constitucionales o declarar inconstitucional cualquier normativa legal por conveniencia personal o partidista, solamente para satisfacer un proyecto político, puede ser considerado como el comienzo de una dictadura. Los actos del Estado deben estar sometidos a la Constitución Política del Estado, marco que no puede rebasar, además que estos actos deben estar guiados siempre por el principio de legalidad.

Recuperar el Estado de Derecho, debe ser la tarea prioritaria que tenemos todos los bolivianos, en la cual tanto gobernantes como gobernados cumplamos y respetemos con las leyes y el Estado garantice la independencia de los órganos del Estado. La Constitución Política del Estado tiene un profundo efecto sobre el funcionamiento de un Estado y en consecuencia sobre la calidad de vida de sus ciudadanos, el Estado necesita de un motor que permitan hacer las cosas que la población necesita que hagan, pero ese poder debe estar bajo control público, una buena constitución pone a la población al volante garantizando que el gobierno represente y sea responsable ante todos los ciudadanos.

 

*La opinión del autor no constituye una posición oficial de la Fundación Nueva Democracia.

Modificado por última vez en Jueves, 07 Diciembre 2017 13:51