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El poder constituyente y el rol del TCP

El poder constituyente y el rol del TCP

 

Por: William Herrera

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha determinado que la naturaleza jurídica del poder constituyente es su carácter soberano y aclara que la voluntad democrática popular constituye la génesis legítima para modificar un orden establecido (SSCC 018/2010-R, de 17 de mayo y DC 0003/2013, de 25 de abril). La Constitución Política (art. 7) establece, en este sentido, que la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada; y de ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.

A tiempo de desarrollar lo que denomina Teoría del Poder Constituyente, el TCP reconoce dos fuentes esenciales a saber: Una emergente del pensamiento político de Sieyés y la segunda de la concepción democrática estadounidense. Ambas fuentes coinciden, no obstante, en el carácter soberano del Poder Constituyente; por tanto, esta voluntad democrática soberana es la que genera una Constitución escrita con un valor jurídico que la hace suprema dentro de la escala normativa jerárquica.

El Poder Constituyente, entonces, ostenta la potestad legítima para modificar un orden constitucional vigente por uno nuevo, destinado a crear un nuevo orden fundador e informador del sistema jurídico y político a través de una Constitución como expresión democrática del pueblo. En los Estados contemporáneos, esta función constituyente, preexiste en relación con el nuevo Estado a ser creado y está caracterizado por tres rasgos esenciales a saber: su carácter extraordinario, extrajurídico y autónomo. 

Este poder genera el nuevo orden jurídico, diferente y completamente independiente del orden constituido. Además, su carácter extrajurídico hace que esta ‘función autónoma’ no encuentre fundamento en la Constitución que pretende cambiar, ya que su único cause jurídico es la voluntad democrática popular en virtud de la cual, para el establecimiento del nuevo orden constitucional le da a esta función un carácter extraordinario, razón por la cual esta cesa en el momento de la entrada en vigor de la Constitución que abroga el orden anterior.

A partir de estas características fundamentales, el TCP asume el concepto del tratadista Sánchez Viamonte: “El Poder Constituyente es la potencia originaria, extraordinaria y  autónoma del cuerpo político de una sociedad que dicta las normas fundamentales para la organización y funcionamiento de su convivencia política y jurídica, pudiendo sustentar o cancelar la Constitución en su pretensión de validez (…). Esta potestad  -según el citado autor- es la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo al darse por su propia voluntad una organización política y un ordenamiento jurídico”.

Los postulados antes señalados quedarían truncos si no se diferencia la función constituyente originaria del Poder Constituyente derivado; en ese sentido, cabe precisar que el primero, al emanar de forma directa e inmediata de la voluntad democrática del pueblo, es soberano y, por tanto, no encuentra sustento en el orden constitucional que pretende dejar sin efecto. Por el contrario, el Poder Constituyente derivado, es aquel que por decisión popular inserta en la propia Constitución que se caracteriza por ser parcialmente rígida, está vinculado y encuentra sustento tanto en los Poderes Constituidos como en la propia Constitución para realizar modificaciones al texto constitucional.  

En la interpretación del TCP, la Asamblea Constituyente (2006-2009) tuvo por objeto una reforma total de la Constitución y que esta labor no es propia de un Poder Constituyente derivado, sino más bien, es una verdadera función constituyente originaria, caracterizada por los tres rasgos esenciales descritos supra: su extraordinariedad, su extrajuridicidad y su autonomía. 

El mismo TCP establece que el control de constitucionalidad es la herramienta democrática legítima e idónea para respetar la Constitución, como norma suprema y fundadora del orden jurídico; por tanto, sus decisiones que deben ser de carácter definitivo e inmodificable, en ese régimen imperante, someten tanto a gobernantes como a gobernados. 

Y concluye proclamando que sus decisiones y, en particular, la ratio decidendi de las sentencias constitucionales, son vinculantes para los poderes constituidos; sin embargo, la función constituyente, por su carácter originario, autónomo, extraordinario y extrajurídico no puede encontrarse sometido a decisiones emanadas de este órgano de control de constitucionalidad (las negrillas son nuestras). En definitiva, el TCP tiene asumido que la actual Constitución nace del Poder Constituyente originario y, por tanto, no puede someterse a ningún control del mismo tribunal, precisamente porque nadie puede estar por encima del soberano que viene a ser el pueblo boliviano.

 

 *La opinión del autor no constituye una posición oficial de la Fundación Nueva Democracia.

Modificado por última vez en Jueves, 07 Diciembre 2017 13:54