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DEBIDO PROCESO: DURO CON OPOSITORES Y SUAVE CON OFICIALISTAS

DEBIDO PROCESO: DURO CON OPOSITORES Y SUAVE CON OFICIALISTAS

Por: Dussam Poquechoque

 

Para nadie es novedad que la justicia boliviana tiende a someterse al poder político de turno. Tanto jueces como fiscales a lo largo de los últimos 12 años han beneficiado de manera uniforme al oficialismo en sus decisiones y acciones, dejando el camino llano para que el poder gubernamental se expanda sin control alguno. Pero es en esta última etapa del Gobierno de Evo Morales, ante el evidente desgaste y la incapacidad creciente para enfrentar en condiciones idóneas a la oposición y al pueblo boliviano; que la justicia pasó a convertirse en su brazo opresor, para mantener la ilusión de un poder Estatal absoluto. Analizaremos en este punto como el Ministerio público y los operadores de justicia imponen medidas drásticas a las autoridades de oposición que enfrentan procesos y son no menos que leves a los oficialistas.

Judicialización de la política: Cochabamba.

Dicen que para muestra un botón. Cochabamba, otrora bastión político del Movimiento Al Socialismo, debido a la reconfiguración de poder es hegemónicos en todo el país, enfrenta en la actualidad una crisis política sin precedentes, a tal punto que pareciera la consolidación de un segundo ensayo de golpes a autoridades electas de oposición (ya se vió un primer ensayo en el golpe prefectural al exiliado Manfred Reyes Villa).

Es preocupante ver casos como Quillacollo, a la cabeza del Alcalde suspendido Eduardo Mérida, que en 2015 desplazó al MAS. Mérida tiene una sentencia condenatoria por la presunta falsificación de la certificación de su libreta de servicio militar y enfrenta la posibilidad de ser detenido preventivamente por no reincorporar oportunamente a cinco funcionarios. En contra posición, Quillacollo ha pasado por manos de 9 Alcaldes del Movimiento Al Socialismo en tiempo récord, generando un daño económico al Municipio que increíblemente hasta la fecha no tiene ni un sólo imputado.

En el Municipio de Cochabamba la historia es similar. El exalcalde Gonzalo “Chaly” Terceros, aliado en el pasado del partido de Gobierno, recién fue imputado después de seis años por las obras inconclusas del hospital del niño. Imputación que quedó más en el papel que en un proceso real.

Por otro lado, tenemos al exalcalde del MAS, Edwin Castellanos, investigado por el colapso del puente Independencia que demandó la pérdida de 13 millones de bolivianos para el Municipio. Hoy Castellanos se defiende en libertad, no sin antes haberle "rebajado" una fianza de 200 mil en 50.000 Bs.

El caso José María Leyes, primer golpe municipal gestado por la Justicia.

El Alcalde José María Leyes, que enfrenta alrededor de 14 procesos, en la actualidad se encuentra suspendido inconstitucionalmente de su cargo como autoridad electa, resultado de una estrategia gubernamental tan bien planificada y operativizada, que es sin lugar a dudas el primer caso de un golpe municipal perpetrado por el Movimiento Al Socialismo.

Dicha estrategia comenzó en Enero de 2018, con el inicio de una campaña de linchamiento mediático sin precedentes, con el único fin de mermar la credibilidad de un líder opositor Departamental y que ya era referente nacional. Observaciones al cambio de señalética en algunas calles, la posición de un reloj, defectos en una cuadra de la nueva fase de la ciclovia, entre otros, fueron temas agrandados por los medios de comunicación durante 3 meses, añadido a esto, la puesta funcionamiento de operativos en redes sociales para alimentar el morbo de cualquier defecto en la gestión municipal del Alcalde Leyes.

Entrando al mes de abril, salió a la luz una denuncia sobre un supuesto sobreprecio en la compra de mochilas y material escolar. Si vemos las fechas en las que los procesos del Ministerio público se llevaron a cabo, notamos una celeridad en la justicia jamás vista.

A tan sólo 3 días de presentar la denuncia, el Ministerio público la acepta e imputa formalmente al Alcalde Leyes, para luego proceder al inicio de las investigaciones. Exactamente en 14 días el Alcalde sería aprehendido y en 15, se procede a darle el arresto domiciliario y una serie de condiciones que vulneran sus derechos políticos, al impedirle ejercer como Alcalde, hecho absolutamente inconstitucional, puesto que se requiere de una sentencia ejecutoriada para darle fin a ello.

En menos de un mes, se genera un nuevo caso derivado del principal y José María Leyes es aprehendido nuevamente, a pesar de estar cumpliendo ya un arresto domiciliario, mermando no sólo su imagen pública, sino su misma salud, vulnerando sus derechos humanos más básicos.

Al día de hoy, tras 5 meses de investigación en los que no se le comprobó ningún delito, el Alcalde Leyes continúa alejado del Municipio, con medidas sustitutivas que atentan contra todo derecho posible y además se procede a una retardación de la justicia, restringiendo su derecho al debido proceso. Es nomas, un golpe municipal, puesto que el Ministerio público jamás investigó ni comprobó ningún delito, más al contrario tiene como único fin mantener a José María Leyes sin ejercer su cargo como Alcalde de Cochabamba.

 

*La opinión del autor no constituye una posición oficial de la Fundación Nueva Democracia.